NUEVA YORK.– Un juez federal del estado de New Hampshire emitió este jueves un fallo que bloquea a nivel nacional la controvertida orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una medida que fue anunciada apenas en su segundo día de mandato y que desde entonces ha generado fuerte rechazo y controversia legal.
El juez Joseph Laplante, quien fue designado por el expresidente George W. Bush, afirmó en su decisión que "privar de la ciudadanía estadounidense en un cambio abrupto de una política de larga data provoca daños irreparables". El magistrado también ordenó una pausa de siete días en la ejecución de su fallo, a fin de dar tiempo al Gobierno federal para apelar la decisión.
La orden ejecutiva impulsada por Trump debía entrar en vigor el próximo 27 de julio, después de que el Tribunal Supremo anulara bloqueos anteriores emitidos por jueces estatales, al argumentar que carecían de autoridad para frenar órdenes con alcance federal. No obstante, el fallo de Laplante vuelve a marcar un freno importante para esta política, al tratarse de una demanda colectiva tramitada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
En su fallo, Laplante reconoció que los demandantes, identificados como "Barbara y otros", podrían enfrentar daños irreparables si no se detenía la implementación de la orden. La principal peticionaria, Barbara, es una ciudadana hondureña solicitante de asilo que espera dar a luz a su primer hijo en octubre de este año, en suelo estadounidense.
El juez, que ya había emitido en febrero un fallo parcial contra la misma orden —limitado en ese momento solo a miembros de organizaciones específicas—, argumentó en esta ocasión que la medida de Trump viola la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual establece que toda persona nacida en territorio de EE. UU. adquiere automáticamente la ciudadanía.
"El privilegio de ser ciudadano estadounidense es uno de los mayores que existen en el mundo", destacó Laplante al leer su decisión, reafirmando la vigencia de una jurisprudencia centenaria que ha protegido la ciudadanía por nacimiento como un derecho fundamental.
Aunque el fallo menciona específicamente a los niños —nacidos o por nacer— como sujetos protegidos por la medida cautelar, no hace referencia directa a los padres, como habían solicitado los demandantes.
El caso reaviva el debate sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia migratoria y el papel del Poder Judicial como contrapeso frente a decisiones que afectan derechos fundamentales. La comunidad legal y organizaciones de derechos civiles celebraron el fallo como una victoria temporal, mientras se espera la respuesta del Gobierno federal ante esta nueva resolución.
