Santo Domingo.– A tan solo un mes de la entrada en vigencia del nuevo protocolo hospitalario que regula la atención médica a ciudadanos extranjeros, la presencia de pacientes haitianos en centros de salud del país, especialmente en el Gran Santo Domingo, se ha reducido de manera significativa, según constataron diversos medios de comunicación y autoridades hospitalarias.
La medida, impulsada por el Gobierno dominicano como parte de una política migratoria más estricta, ha tenido un efecto inmediato en hospitales clave como la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina y el Hospital General Regional Marcelino Vélez Santana, donde se reporta una disminución drástica en la demanda de servicios por parte de ciudadanos haitianos, especialmente mujeres embarazadas.
Durante un recorrido realizado por el equipo de Diario Libre, se evidenció que la afluencia de pacientes haitianos ha pasado de ser habitual a casi inexistente en las últimas semanas. Personal médico, de seguridad y administrativo de los referidos centros confirmaron el cambio, señalando que el flujo de pacientes extranjeros, que anteriormente representaba una carga significativa para el sistema de salud público, ha bajado notablemente.
Históricamente, las maternidades del Gran Santo Domingo recibían una gran cantidad de parturientas haitianas, lo que generaba un alto nivel de ocupación y demanda de recursos. Sin embargo, la aplicación del nuevo protocolo ha modificado esta realidad. Aunque la medida ha sido aplaudida por algunos sectores que consideran que prioriza los recursos nacionales, también ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre las implicaciones éticas y humanitarias de limitar el acceso a servicios de salud.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un balance oficial del impacto general de la medida, pero las observaciones en terreno reflejan una transformación sustancial en los patrones de atención a pacientes extranjeros en hospitales públicos.
Este cambio marca un precedente importante en la política de salud y migración del país, y se espera que en las próximas semanas se intensifiquen los debates sobre el alcance, legalidad y consecuencias sociales de esta disposición gubernamental.
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