Santo Domingo. — La noche del 8 de abril de 2025 permanecerá en la memoria colectiva de los dominicanos como una de las más trágicas de los últimos años. Ese martes, en plena hora pico en la discoteca Jet Set —un lugar emblemático de la vida nocturna en Santo Domingo— el techo de la estructura colapsó de forma abrupta, sepultando bajo los escombros a cientos de asistentes. La caída causó 236 muertos y más de 180 heridos, en el que es considerado el siniestro más mortal en el país en espacios de entretenimiento.
Tras dos meses de investigación, el Ministerio Público determinó que el colapso estaba directamente relacionado con daños en la estructura —grietas, filtraciones y debilitamientos en el techo— de los que tanto el administrador como el dueño de la discoteca, Antonio Espaillat, tenían pleno conocimiento pero decidieron dejar sin atender. Según el expediente, trabajadores del lugar habían reportado en varias ocasiones el deterioro, pero en lugar de realizar las reparaciones correspondientes, las quejas habían sido desestimadas.
Este procedimiento negligente, según el Ministerio Público, pone en evidencia una falta de mantenimiento alarmante en el lugar, pero también revela una conducta más grave: presiones e intimidaciones a trabajadores que intentaban dar a conocer el problema. La investigación apunta a que tanto Antonio como Maribel Espaillat, hermana y socia en el negocio, presionaron a determinados testigos para que guardaran silencio bajo amenazas de despidos o represalias legales, en lugar de atender el problema de seguridad.
Este martes 12 de junio, en horas de la noche, Antonio y Maribel Espaillat fueron arrestados bajo cargos de homicidio involuntario agravado y negligencia. La detención se llevó a cabo en el marco de una investigación más amplia, en la que están involucradas tanto la Procuraduría como el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, así como el Colegio de Ingenieros, que ayudó en el peritaje de la estructura colapsada.
Además de las detenciones, el Ministerio Público ordenó la incautación de bienes relacionados con el negocio de la discoteca, así como el inicio de más de 60 demandas civiles de familias de las víctimas. Por el siniestro están bajo investigación tanto el administrador como el equipo de mantenimiento, así como las autoridades que emitieron en su momento los permisos de funcionamiento, sin verificar el estado de seguridad de la estructura.
Este procedimiento deja al descubierto una realidad alarmante en el sector del entretenimiento en el país. La falta de mantenimiento, el debilitado control de construcción y seguridad, así como el silencio forzado de trabajadores muestran una falla tanto institucional como privada en el manejo de espacios destinados a concentraciones masivas de personas.
De acuerdo con el Colegio de Ingenieros, el lugar presentaba daños en varias de sus vigas de soporte, debilitadas tanto por la falta de mantenimiento como por la constante filtración de aguas en el tejado. Esto debilitó gradualmente la estructura hasta llevarla al colapso, en plena noche de música, alegría y convivencia. La caída de toda la estructura en segundos sepultó bajo los escombros tanto sueños como vidas, en una de las peores desgracias vividas en el país en años recientes.
Este procedimiento deja así varias lecciones: primero, que el mantenimiento de espacios destinados a la concentración de multitudes es una obligación tanto legal como moral de los dueños; en segundo lugar, que las autoridades están llamadas a implementar más rigurosos mecanismos de inspección y seguimiento; y en tercer lugar, que el silencio forzado de trabajadores bajo amenazas deja en evidencia una estructura de impunidad que pone en peligro tanto la seguridad como el orden jurídico en el país.
Este martes, el pueblo dominicano continúa exigiendo justicia para las familias de las víctimas. La detención de Antonio y Maribel Espaillat es tan solo el inicio de un procedimiento que deberá determinar responsabilidades tanto de ellos como de otros involucrados, en una de las más grandes catástrofes vividas en el sector del entretenimiento en República Dominicana.
Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente Luis Abinader promulgó este lunes la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual calificó como un paso trascendental en la transformación institucional del Estado y en el combate a la corrupción en República Dominicana.
Santo Domingo, RD. – Con una hoja de servicio caracterizada por la cercanía con la gente y un enfoque claro en las políticas de desarrollo, la Dra. Julia Drullard se ha consolidado como una figura clave en el fortalecimiento del proyecto de cambio liderado por el presidente Luis Abinader. Su paso por la Gobernación de la provincia Santo Domingo...
